Título II Pruebas

Incumplimiento de la solicitud. Cuando la parte requerida deje de contestar un interrogatorio, o lo conteste parcialmente o de manera insuficiente, o mediante respuestas evasivas o incompletas, la parte solicitante del interrogatorio podrá dirigir un escrito al tribunal a partir del momento de la contestación parcial o insuficiente, o desde el momento en que venció el plazo para dar contestación al interrogatorio y hasta cinco días después de vencido el plazo original para contestar el interrogatorio, solicitando al juez que conmine a la parte a contestar el interrogatorio o que lo conteste adecuadamente. Si la parte renuente adujera con su escrito de contestación razones por las cuales no puede contestar alguna pregunta, o solo puede contestarla de manera parcial o incompleta, o si solicita al juez una de las medidas de protección referidas en el artículo 437, el juez resolverá la controversia ordenando la medida de protección solicitada por la parte requerida de ser procedente, o determinando si la parte requerida debe o no contestar el interrogatorio de manera completa. La resolución es irrecurrible. No se considerarán como excusas válidas para no contestar un interrogatorio el hecho que la parte requerida no haya tenido suficiente tiempo para realizar las investigaciones del caso, o que la parte contraria no haya contestado alguna solicitud previa de divulgación, o la haya contestado de manera insuficiente. Si el juez ordenara a la parte requerida la contestación o suplementarla y esta no lo hiciera dentro de un plazo de diez días luego de notificada la resolución que ordena el cumplimiento, el juez:

1. Declarará inadmisible el día de celebración de la audiencia el testimonio de cualquier testigo o perito cuyo nombre, generales y calificaciones la parte requerida haya omitido proporcionar a la parte solicitante, habiéndosele requerido, sin perjuicio de que haga comparecer al testigo o perito a la audiencia pese a la falta de colaboración de la parte requerida.

2. Ordenará la corrección de la demanda, a fin de que se desglose adecuadamente el monto de la cuantía y se aduzcan los documentos que prueban dicha cuantía, en el supuesto de que el demandante no pueda explicar, habiéndosele requerido, cómo se desglosa el monto de la cuantía reclamada y qué documentos o pruebas justifican dicho monto, salvo el caso de las reclamaciones por daño moral. Y en el supuesto de que el demandante no corrija la demanda dentro del término establecido en la resolución que exija su modificación, ordenará el archivo del expediente.

3. Tomará como un indicio en contra de la parte que, habiéndosele solicitado la aclaración de algún hecho o indicación de los documentos o pruebas que lo sustentan en cualquier escrito presentado al tribunal, no haya efectuado la aclaración solicitada o no haya listado los documentos y pruebas que corroboran el hecho.

4. Ordenará la corrección de la demanda, solicitando la eliminación de alguna pretensión en el supuesto de que, habiéndosele solicitado a la parte requerida que indique o señale los hechos de la demanda que sustentan dicha pretensión, no sea capaz de enunciar ningún hecho que sustente dicha pretensión. Y en el supuesto de que el demandante no corrija la demanda dentro del término establecido en la resolución que exija su modificación, ordenará el archivo del expediente.

5. Podrá declarar a la parte en desacato e imponer las sanciones que considere convenientes por su renuencia a contestar la solicitud de divulgación.

Solicitud de suministro y exhibición.

Las partes podrán solicitar a cualquier otra parte o a un tercero el suministro y exhibición de documentos y objetos que estén en su posesión, control o custodia y que constituyan o puedan servir de prueba de los hechos sujetos a divulgación y que guarden relación con los puntos controvertidos en el proceso, o permitir que sean examinados, copiados por cualquier medio, fotografiados o sometidos a pruebas por la parte solicitante, sus peritos y representantes, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo

438. La persona requerida del suministro y exhibición deberá dirigir un escrito al tribunal con copia de los documentos solicitados, dentro de los diez días luego de recibida la solicitud de suministro, y deberá, además, en dicho escrito indicar, en caso de que así se haya solicitado, la forma, hora, fecha y lugar en que la parte requirente y sus peritos o representantes podrán obtener copias de los objetos requeridos, o realizar los exámenes, pruebas o fotografías solicitadas en la solicitud de divulgación; fecha que no podrá ser inferior a cinco días ni mayor de diez días contados a partir de la fecha de presentación al tribunal del escrito en el cual se da contestación a la solicitud de suministro y exhibición de documentos y objetos.

La parte que requiera el suministro y exhibición de documentos u otros objetos en poder de un tercero hará entrega de la solicitud por escrito a la persona requerida con señalamiento concreto del documento u objeto solicitado.

La parte interesada deberá presentar, además, copia de la solicitud ante el tribunal, en la que deje constancia de la fecha de entrega del requerimiento.

La persona requerida deberá responder la solicitud mediante un escrito dirigido al tribunal, dentro de un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente del recibo del respectivo escrito.

Los terceros no están obligados a exhibir documentos de su propiedad exclusiva o cuando estos gocen de reserva legal o su exhibición les cause perjuicio.

Incumplimiento de la solicitud.

Cuando la persona requerida deje de contestar la solicitud de suministro y exhibición dentro del plazo referido en el artículo anterior, o se rehúse a suministrar, exhibir o permitir que se practiquen las diligencias con el fin de obtener las copias, hacer las pruebas o llevar a cabo los exámenes requeridos, sin razón o justificación, el juez, a solicitud de la parte solicitante del suministro, ordenará la exhibición y suministro forzoso de los documentos y objetos requeridos, así como la práctica de los exámenes, pruebas, obtención de copias y fotografías requeridas mediante una inspección judicial con la asistencia del juez y la práctica de peritajes, cuando fuera necesario llevar a cabo los exámenes, pruebas o para obtener las fotografías y copias requeridas en la solicitud de divulgación.

La parte que deje de suministrar un documento u objeto requerido mediante el mecanismo de divulgación a que se refiere la presente Sección estará impedida de presentar dicho documento u objeto en la audiencia preliminar, el cual será declarado como inadmisible, a menos de que dicho documento u objeto haya sido recabado de manera forzosa mediante una inspección judicial.

En este caso, el juez deducirá indicios contra la parte que rehúse suministrar el documento u objeto requerido y decretará en desacato, de oficio o a solicitud de parte, a la parte que sin razón o excusa alguna se rehúse a cumplir con las órdenes del tribunal.

Cuando sea un tercero quien se opone a la exhibición o la rehúsa sin causa justificada, será sancionado con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a trescientos balboas (B/.300.00).

Solicitud de permiso de ingreso.

Las partes podrán solicitar a cualquiera otra parte el acceso y entrada de sus peritos o representantes a cualquier terreno y propiedad que esté bajo el control, posesión o titularidad de la parte requerida, con el propósito de inspeccionar, realizar mediciones, tomar muestras, llevar a cabo exámenes, inspecciones, tomar fotografías o realizar grabaciones y copias que constituyan o puedan servir de prueba de los hechos sujetos a divulgación y que guarden relación con los puntos controvertidos en el proceso, así como para solicitar la exhibición y suministro de documentos según se establece en el artículo

451. La parte requerida de la solicitud de ingreso a propiedades o terrenos deberá dirigir un escrito al tribunal, dentro de los cinco días de recibo de la solicitud, indicando la fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la diligencia.

La fecha no podrá ser inferior a cinco días ni mayor de diez días contados a partir de la presentación del escrito al tribunal.

Incumplimiento de la solicitud.

Cuando la parte requerida deje de contestar la solicitud de permiso de entrada a lugares y propiedades dentro del plazo referido en el artículo anterior o se rehúse a permitir el acceso o suministrar, exhibir o permitir que se practiquen las diligencias con el fin de obtener las copias, hacer las pruebas o llevar a cabo los exámenes requeridos, sin razón o justificación, el juez, a solicitud de la parte solicitante del permiso, ordenará la práctica de la diligencia, la exhibición y suministro forzoso de los documentos y objetos requeridos.

El juez ordenará, además, la práctica de los exámenes, pruebas, obtención de copias y fotografías requeridas mediante una inspección judicial con su asistencia, así como la práctica de peritajes, cuando fuera necesario llevar a cabo los exámenes, pruebas o para obtener las fotografías y copias requeridas en la solicitud de divulgación, la cual conllevará la orden de allanamiento en caso de que fuera necesario.

Lo antes dispuesto es sin perjuicio de la facultad del juez, de oficio o a solicitud de parte, de decretar adicionalmente el desacato de la parte que sin razón o excusa alguna se rehúse a cumplir con las órdenes del tribunal.

Solicitud de examen.

Cuando la condición física o mental o el tipo de sangre de una de las partes o de una persona bajo custodia de una de las partes sea motivo de controversia, cualquier parte podrá solicitar a la parte cuya condición física o mental es objeto de la controversia, o bajo cuya custodia se encuentra una persona cuya condición física o mental sea objeto de la controversia, que se someta a un examen físico o mental por un doctor en medicina o presentar para dicho examen a la persona que tiene bajo custodia.

La parte que solicita la medida deberá indicar en su solicitud el nombre del médico, el tipo de examen o exámenes a realizar, así como el nombre y dirección del centro médico donde se realizarán los exámenes.

Todos los gastos de los exámenes correrán por cuenta de la parte solicitante.

La parte requerida deberá contestar la solicitud dentro de los cinco días luego de recibida la solicitud, indicando su disponibilidad para efectuar los exámenes en fecha que establecerá con la parte solicitante de común acuerdo, pero que no podrá ser inferior a cinco días ni mayor de diez días contados a partir de la fecha de presentación al tribunal del escrito en el cual se da contestación a la solicitud.

Al contestar la solicitud, la parte requerida podrá también solicitar cualquier medida de protección u ofrecer las razones por las cuales no puede practicarse los exámenes requeridos.

Una vez practicados los exámenes, estos deberán ser aportados al tribunal por las partes, a menos que la parte que se sometió a los exámenes solicite alguna medida de protección con relación a estos, en cuyo caso se atendrá a lo que decida el juez.

La realización de exámenes bajo este mecanismo de divulgación no impide que la parte requerida realice nuevamente los mismos exámenes médicos con sus propios médicos, o que realice otros exámenes médicos distintos y los aporte al proceso dentro de las etapas procesales correspondientes.

Incumplimiento de la solicitud.

Cuando la parte requerida deje de contestar la solicitud de exámenes, o se rehúse a practicarlos sin razón justificada, el juez, a solicitud de la parte solicitante del aseguramiento, ordenará práctica de los exámenes a costas del solicitante de la divulgación y fijará un plazo que no podrá exceder de diez días para la práctica de estos.

Si la parte requerida aun así se negara a practicar los exámenes, el juez tomará su actitud como un indicio en su contra y declarará inadmisible el día de la audiencia preliminar cualquier reporte o examen médico que trate sobre los mismos exámenes solicitados con la medida.

Si la parte a quien se solicita los exámenes objeta estos en su contestación a la solicitud de divulgación o solicita medidas de protección, el juez dictará las medidas de protección que considere necesarias o eximirá a la parte de practicarse todos o parte de los exámenes, si encuentra las razones debidamente justificadas.

Solicitud de admisión y reconocimiento.

Cualquiera de las partes podrá solicitar a otra que admita la veracidad de determinado asunto, incluyendo la autenticidad de cualquier documento.

Deberán acompañarse a la solicitud de admisión o autenticidad copias de los documentos cuyo reconocimiento se solicita, a menos que ya hubieran sido suministrados o puestos a disposición de la parte para que los examine y copie.

La solicitud puede ser entregada a cualquiera de las partes sin necesidad de autorización del tribunal.

Cada asunto sobre el cual se pida una aceptación debe ser indicado por separado.

El hecho, la afirmación o la autenticidad del documento se tendrá por admitido, a menos que la parte a quien se haya formulado la solicitud entregue al peticionario una contestación u objeción escrita a lo solicitado, firmada por la parte o su abogado, dentro del término de diez días de recibida copia de la solicitud.

Si se formula objeción, esta debe expresar su fundamento.

La contestación debe negar específicamente la veracidad de lo afirmado o la autenticidad de un documento, o exponer en detalle las razones por las cuales la parte no puede contestar afirmativa o negativamente.

El juez ponderará estas razones y, de no encontrarlas justificadas, ordenará inmediatamente a la parte que conteste afirmativa o negativamente.

Incumplimiento de la solicitud.

Cuando la parte requerida deje de contestar una solicitud de aceptación de hechos o el reconocimiento de uno o más documentos dentro del plazo establecido en el artículo anterior, el hecho se considerará como aceptado si este es susceptible de ser admitido por medio de la prueba de confesión; de lo contrario se tomará como un indicio en contra de la parte que dejó de admitirlo y los documentos cuyo reconocimiento se solicita serán considerados como auténticos.

Igual efecto producirá la negativa a contestar una orden del tribunal para que la parte requerida conteste afirmativa o negativamente si admite un hecho.

Clases de documentos.

Son documentos los escritos, certificaciones, copias, impresos, planos, dibujos, escrituras, cintas, cuadros, fotografías, radiografías, discos, grabaciones magnetofónicas, mensajes de datos, videograbaciones, boletos, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, telegramas, radiogramas y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios y similares.

Los documentos son públicos o privados.

Documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de sus funciones o con su intervención.

Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención.

Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

Documento privado es aquel que no reúne los requisitos del documento público.

Aportación de documentos.

Los documentos presentados por las partes, junto con la demanda o su contestación, excepciones o en incidentes, se tendrán como pruebas aducidas en el proceso, sin necesidad de mención, reproducción ni traslado en la audiencia preliminar.

Las partes deberán aportar el original del documento que esté en su poder, salvo causa justificada.

Los documentos podrán ser aportados al proceso en originales o en copias, pero el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviera conocimiento de ello.

Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico.

Valor probatorio de las copias.

Las copias de documentos serán admisibles en el proceso.

Su eficacia probatoria será determinada por el juez en el momento de la valoración en razón de su relación directa con otros elementos incorporados al proceso.

La parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original o, a falta de este, con una copia expedida con anterioridad a aquella.

El cotejo se efectuará mediante la exhibición del original dentro de la audiencia correspondiente.

En caso de que la parte requerida no pueda exhibir el documento original o indicar el lugar donde repose el original o la copia expedida con anterioridad a aquella, se tendrá como copia simple.

Valoración de mensaje de datos.

Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud, en la medida que hayan sido recabados y tratados de conformidad con la ley.

Clases de documentos públicos. Tienen carácter de documentos públicos:

1. Las escrituras públicas.

2. Los certificados expedidos por los funcionarios en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, incluyendo actas, constancias, planos, cuadros, fotografías, catastros y registros.

3. Las constancias de las actuaciones de las entidades públicas, judiciales y administrativas.

4. Los certificados que expidan los directores de oficinas públicas sobre existencia o estado de actuaciones o procesos conforme a lo que regule la ley.

5. Los demás actos a los cuales la ley les reconozca el carácter de tal.

Presunción de autenticidad.

Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, firmado o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se le atribuye el documento.

El documento público se presume auténtico, mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.

El juez podrá solicitar, antes de dictar sentencia, y cuando abrigue dudas sobre la existencia, autenticidad o fidelidad de cualquier documento público, que por Secretaría Judicial se solicite al custodio del original, con el fin de agregar al expediente, copia de este o, en su defecto, practicar las diligencias necesarias o conducentes para dichos propósitos.

Los documentos públicos existentes en una circunscripción distinta de aquella en que se sigue el proceso se requerirán directamente mediante oficio a la respectiva entidad pública sin necesidad de despacho o exhorto.

Fuerza probatoria del documento público. La fuerza probatoria del documento público estará sujeta a lo siguiente:

1. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.

2. La fecha cierta del documento público es la que aparece en su texto.

3. Las declaraciones o afirmaciones que hagan el otorgante u otorgantes en escritura pública o en cualquier documento público tendrán valor entre estos y sus causahabientes, en lo dispositivo, y aun en lo enunciativo, siempre que tengan relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. Deben ser tomadas en cuenta en su integridad, con las modificaciones y aclaraciones, y el juez las apreciará en concurrencia con las otras pruebas del expediente, y según las reglas de la sana crítica. Respecto de terceros, el juez las apreciará solo en lo que se refieran de modo directo a lo dispositivo del acto o contrato, tomando en cuenta asimismo las otras pruebas del expediente y apreciándolas según las reglas de la sana crítica.

4. La falta del documento que la ley sustancial exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse mediante prueba testimonial. En el caso de que se pruebe que los archivos o documentos originales en los que deben constar los hechos de que trata este artículo han desaparecido, el interesado debe ocurrir a aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil su existencia; en este caso se admitirán testigos para completar la prueba. También es admisible la prueba testimonial en caso de falta absoluta, justificada, de las pruebas preestablecidas y escritas. La justificación debe dirigirse a establecer los motivos por los cuales no existieran o han desaparecido. Lo dispuesto en este numeral no afecta los casos especiales en que la ley exija prueba escrita con exclusión de otra.

5. La prueba que resulte de un documento público es indivisible, comprendiendo lo enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato que se discute en el proceso.

6. Cuando obren en el proceso dos documentos, públicos o privados, contradictorios entre sí y de la misma clase, el juez los apreciará en el fallo en concordancia con las otras pruebas del expediente y según las reglas de la sana crítica.

Copia de los documentos públicos. El juez tomará en consideración lo siguiente respecto de las copias:

1. De los documentos auténticos se expedirán copias autorizadas, bajo la responsabilidad de los servidores públicos encargados de la custodia de los originales y la intervención de los interesados se limitará a señalar lo que habrá de certificarse o de testimoniarse. Si, por el contrario, el funcionario que expide un documento advierte que de este no hay original en la oficina respectiva, dejará en su despacho una copia del documento que expide, para que, llegado el caso, pueda cotejarse, de acuerdo con lo que dispone este Código.

2. Si por cualquier causa no se encuentra la copia, se examinarán los documentos, papeles o antecedentes que tuvo en cuenta el funcionario para dar la certificación, a fin de convencerse de la exactitud de esta; y si tampoco pudieran ser encontrados tales antecedentes, el juez dará al certificado el mérito probatorio que le reconoce las normas generales sobre pruebas previstas en este Código.

3. Cuando haya desaparecido el protocolo o los expedientes originales, harán prueba sin necesidad de cotejo las copias compulsadas por el funcionario que las haya autorizado, siempre que no estén indebidamente alteradas, borradas o enmendadas.

4. Las copias de los documentos públicos de los cuales exista matriz o protocolo, impugnadas por aquellos a quienes perjudiquen, solo tendrán fuerza probatoria cuando hayan sido debidamente cotejadas y concuerden. Si resulta alguna variante entre la matriz y la copia, prevalecerá el contenido de la primera.

5. Cuando una parte presente copia parcial de un documento, expediente o actuación, las demás partes o intervinientes podrán adicionarlo con lo que estimen conducente, sin perjuicio de que el objetante aduzca también, o el juez de oficio ordene que se agregue la totalidad del documento en cuestión.

6. Cuando la ley exija la inscripción de un documento en un registro público, la copia que se aduzca como prueba deberá llevar la nota de haberse efectuado aquella o certificación anexa sobre esta. Si no existe dicha inscripción, la copia solo producirá efectos probatorios entre los otorgantes y sus causahabientes. Si no se ha llevado a cabo la inscripción, el juez podrá remitirla a la oficina correspondiente para su inscripción a costa del interesado.

7. La escritura pública debe ser presentada en copia auténtica, pero si no existe el registro o protocolo y hay alguna persona que posee copia auténtica de la escritura que se pretende, la parte a quien interese puede pedir que el tenedor presente al tribunal dicha copia auténtica para compulsar una segunda copia y agregarla al expediente.

8. Si la escritura pública que se ha de presentar como prueba interesa a muchos o tenga muchas partes, como testamentos, escrituras de partición y otras semejantes, no es preciso que se compulse copia íntegra de ella; bastará que se compulse la parte que sea necesaria para fundar la intención del interesado, a menos que la parte contraria solicite que se adicione, la tache de falsa o de nula o le oponga otro defecto que afecte a la escritura en general, caso en el cual deberá presentarse íntegra.

9. Las publicaciones oficiales impresas o electrónicas constituyen de por sí plena prueba acerca de su existencia y contenido, sin necesidad de certificación, a no ser que se pruebe que la publicación es falsa o que contiene errores, caso en el cual se deberá aportar el documento que corresponda.

10. De consistir la prueba documental en constancia de otros expedientes judiciales o administrativos no terminados, se agregarán las piezas o certificaciones aducidas por las partes, pero el juez podrá requerir o hacer adicionar la prueba cuando el proceso se encuentre en estado de ser decidido. Las copias de los documentos autenticados no impugnados y los cotejados y hallados conforme, respecto a las partes, tendrán el mismo valor probatorio que el original. Las copias que no cumplan con dichos presupuestos serán consideradas por el juez en atención a las circunstancias del caso y la sana crítica.

Efectos de las contraescrituras.

Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, solo producirán efectos desde su fecha, pero si la primera ha sido inscrita en el Registro Público, entonces la segunda solo producirá efectos contra terceros cuando ha sido anotada en el registro correspondiente; no obstante, las segundas escrituras públicas no tendrán efecto contra terceros cuando no se haya tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la segunda escritura y en la copia en cuya virtud ha obrado el tercero.

En el caso de documentos privados elaborados por los contratantes para alterar maliciosamente lo pactado en otro documento, no producirán efecto contra terceros.

Notas al margen o al dorso de los documentos.

La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de un documento que siempre ha estado en su poder, hace fe en todo lo favorable al deudor.

Lo anterior también aplica en el supuesto de la nota escrita o firmada por el acreedor, a continuación, al margen o al dorso del duplicado de un documento, encontrándose dicha copia en poder del deudor.

En ambos supuestos, al deudor le será aplicable tanto lo que le favorezca como con respecto a aceptar lo que pueda resultar contraproducente.

Documento defectuoso, roto, alterado o parcialmente destruido.

El documento que no tenga carácter de público por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma se tendrá como documento privado si estuviera suscrito por los otorgantes.

Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos que las hubiera salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento.

El juez ordenará de oficio, a costa del interesado, al respectivo despacho público que lo expidió, que envíe copia autenticada del documento en cuestión.