Artículo 66
La Defensoría del Pueblo como institución autónoma e independiente contará con presupuesto propio y administración financiera propia.
Su fiscalización financiera estará sujeta a la Contraloría General de la República.
Es obligación del Estado dotar a la Defensoría del Pueblo de un presupuesto anual suficiente para asegurar su funcionamiento efectivo.
Los planes de ajuste del gasto adoptados por el Órgano Ejecutivo, en aplicación del artículo 275 de la Constitución Política, no serán porcentualmente superiores al ajuste del Presupuesto General del Estado y solo afectarán renglones determinados por el titular de la institución.
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