Artículo 13

El defensor del pueblo tendrá las consideraciones de alta autoridad del Estado y una remuneración equivalente a la de un ministro de Estado, y sus adjuntos tendrán las mismas consideraciones, derechos, privilegios y una remuneración equivalente a la de un viceministro de Estado.

Se producirá la vacante absoluta del cargo de titular de la Defensoría del Pueblo en los casos siguientes: 1. Por la renuncia debidamente aceptada por la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional. 2. Por el vencimiento del plazo de su mandato. 3. Por la muerte del defensor del pueblo. 4. Por sentencia condenatoria ejecutoriada, proferida por la Corte Suprema de Justicia.

Son causales de suspensión o remoción del cargo de defensor del pueblo las siguientes: 1. Incapacidad física o psíquica sobrevenida, que le impida el ejercicio del cargo, la cual deberá ser certificada por personal médico idóneo para tal fin. 2. Incumplimiento de los deberes del cargo y de las atribuciones y funciones establecidas en el artículo 4, debidamente sustentado por un informe técnico de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales elaborado con participación de la sociedad civil. 3. Incumplimiento en cualesquiera de las incompatibilidades previstas en la presente Ley.

El ejercicio de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo será ininterrumpido y no estará limitado a días hábiles ni se suspenderá durante el receso de la Asamblea Nacional. La declaratoria de estado de urgencia y/o la suspensión de las garantías constitucionales no impide a la Defensoría del Pueblo el ejercicio de sus atribuciones y facultades.