Artículo 97

La Comisión Interinstitucional estará encargada de la política pública de la justicia comunitaria de paz. Para tal fin, tendrá las funciones siguientes: 1. Definir, verificar y proponer las políticas y estrategias en materia de justicia comunitaria. 2. Evaluar el sistema y dictar las directrices y lineamientos para el mejor funcionamiento de la justicia comunitaria de paz. 3. Conformar las subcomisiones o mesas técnicas que sean necesarias y convenientes para el cumplimiento de sus funciones, pudiendo invitar a especialistas en las materias que se requieran, así como a cualquier otro personal técnico que sea conveniente. 4. Realizar el análisis pertinente a fin de establecer el orden de los corregimientos y la fase de implementación a la que correspondan o que por la necesidad se requieran, priorizando aquellos que pertenecen a municipios subsidiados. 5. Revisar la política de sueldos, así como los ajustes salariales del personal de las Casas de Justicia Comunitaria, que correspondan, de acuerdo a la periodicidad prevista en la Ley 467 de 2025 y la realidad fiscal. 6. Aprobar su reglamento interno. 7. Ejercer las demás funciones que establezca la Ley, el presente Decreto Ejecutivo y su Reglamento.

La Comisión Interinstitucional será convocada por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, y se reunirá de forma ordinaria como mínimo dos veces al año. También podrá reunirse extraordinariamente cuando el presidente o presidenta de la Comisión lo convoque. Los acuerdos de la Comisión Interinstitucional se tomarán por mayoría absoluta en primera convocatoria y en la segunda convocatoria con el voto de la mayoría de los miembros presentes en la sesión.

En orden a lo establecido en el numeral 8 del artículo 59 de la Ley 467 de 2025, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos a través de las unidades administrativas que correspondan, ejercerá las funciones siguientes: 1. Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia Comunitaria. 2. Fungir como enlace con las demás direcciones, oficinas y unidades administrativas del Ministerio de Gobierno en lo que respecta a la justicia comunitaria. 3. Diseñar y difundir los programas o planes de capacitación, asistencia y orientación a los jueces comunitarios. 4. Supervisar y coordinar la gestión de las acciones de personal de las Casas de Justicia Comunitaria. 5. Dar seguimiento a la política de sueldos, así como los ajustes salariales del personal de las Casas de Justicia Comunitaria, para su revisión periódica por la Comisión Interinstitucional. 6. Coordinar la presentación de informes y la realización de auditorías periódicas a las Casas de Justicia Comunitaria, pudiendo solicitar, en el caso de requerirse, el apoyo a otras entidades, como la Contraloría General de la República. 7. Sistematizar la información sobre el funcionamiento de la Justicia Comunitaria, a fin de evaluar y aportar medidas de mejoramiento, fortalecimiento y modernización. 8. Mantener el inventario de los bienes de las Casas de Justicia Comunitaria. 9. Coordinar el uso de fondos o bienes que se requieran para las instalaciones o locales de las Casas de Justicia Comunitaria, así como las que soliciten los jueces comunitarios para la realización de las diligencias propias de los asuntos de su competencia. 10. Coordinar y gestionar los recursos que se requieran para la instalación y celebración de las reuniones de la(s) Comisión de Evaluación y Supervisión Disciplinaria, y de la(s) Comisión de Apelación.

Para la implementación ordenada, progresiva y efectiva de la Ley 467 de 2025, el Ministerio de Gobierno podrá adoptar medidas y ejecutar las acciones siguientes: 1. Dictar las reglamentaciones que resulten pertinentes y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo oportuno y progresivo de las fases de implementación. 2. Celebrar convenios con los Municipios, Juntas Comunales y cualquier otra entidad del Estado, a fin de: a. Mantener o ubicar las Casas de Justicia Comunitaria en los locales en que se encuentran o que resulten convenientes para la prestación del servicio, durante el periodo de las fases de implementación y hasta tanto el Ministerio de Gobierno cuente con las instalaciones correspondientes. Asimismo, podrá celebrar contratos de arrendamiento, conforme a lo previsto en la Ley. b. Mantener los bienes y equipos de las Casas de Justicia Comunitaria y que resulten convenientes para la prestación del servicio, durante el periodo de las fases de implementación. 3. Celebrar convenios de capacitación y formación, así como también de cooperación técnica. 4. Realizar las acciones de personal y la respectiva modificación en la estructura administrativa tanto para el traspaso de las posiciones y cargos de los Municipios al Ministerio de Gobierno, como para la creación de posiciones y de los cargos requeridos para las Casas de Justicia Comunitaria. 5. Proponer a la Comisión Interinstitucional el inicio de un plan previo a las fases descritas en el artículo 111 de la Ley 467 de 2025, en los corregimientos o municipios que cuenten con las condiciones requeridas, siempre que se tenga la asignación presupuestaria necesaria para tal fin. 6. Adoptar un plan de descarga de procesos, a fin de garantizar la transición e implementación de la Ley 467 de 2025, atendiendo el volumen de procesos y la necesidad del servicio. 7. Recibir donaciones de otras instituciones, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, de entidades financieras u organismos internacionales. 8. Realizar las reasignaciones presupuestarias que correspondan. 9. Establecer los procedimientos para el pago y registro de las multas y demás conceptos establecidos en la Ley y el presente Decreto Ejecutivo, ante el Tesoro Nacional y Municipal, según corresponda.