Artículo 6

Las disposiciones contenidas en la Ley 467 de 2025 y el presente Decreto Ejecutivo se orientan a garantizar, preservar y proteger los derechos reconocidos a los servidores de las Casas de Justicia Comunitaria, con sujeción a su idoneidad, competencia, lealtad, moralidad y honestidad.

Las Casas de Justicia Comunitaria estarán conformadas por el personal mínimo siguiente: un juez y un mediador comunitario, un secretario, un oficinista o escribiente y un notificador, así como cualquier otro personal que requiera el Despacho según las necesidades del servicio.

Corresponderá al juez comunitario atender y dirimir las causas comunitarias, correccionales y civiles, de menor cuantía, mediante el uso preferente de métodos alternativos de solución de conflictos. Promoverá y homologará los acuerdos de las partes. Procurará la restauración de las relaciones comunitarias y de la víctima, adoptará las medidas preventivas o provisionales y sancionatorias que correspondan a las conductas y actos que alteren la paz y la convivencia pacífica en los corregimientos, hará cumplir los fallos y acuerdos homologados, así como ejercerá las demás atribuciones y funciones que la Ley 467 de 2025, su reglamentación u otras disposiciones legales y municipales le asignen.

El juez comunitario residirá en el corregimiento o el distrito al que pertenece la Casa de Justicia Comunitaria donde desempeña sus funciones. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a sanción disciplinaria.