Artículo 392

Sólo podrán imponerse a las organizaciones sociales las siguientes sanciones: 1. Multa de diez a doscientos balboas; 2. Disolución. Estas sanciones sólo pueden imponerse mediante sentencia dictada por los Tribunales de Trabajo.

La multa se impondrá cuando la organización social, por dos años consecutivos, dejare de cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 355. Si el período de la junta directiva o de los representantes sindicales fuese mayor de un año, la multa se impondrá cuando por dos períodos consecutivos no se hiciere la comunicación correspondiente.

La multa y la disolución de una organización social se tramitará mediante proceso abreviado, y podrán solicitarla: 1. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, cuando se trate de multa; 2. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en los casos a que se refieren los ordinales 1° y 2° del artículo anterior; 3. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el caso previsto en el ordinal 3° del artículo anterior, siempre que se le solicite una federación, confederación o central de trabajadores.

Están sujetos a impugnación ante los Tribunales de Trabajo los siguientes actos de las organizaciones sociales: 1. La adopción en los estatutos de normas contrarias a la ley, si la organización no las corrige dentro de los dos meses siguientes a la objeción que por escrito le formule el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; 2. La admisión de afiliados que no reúnan los requisitos señalados en la ley o en los estatutos; 3. La elección de directivos y representantes sindicales que no reúnan los requisitos necesarios para esos cargos; 4. La elección de directivos y representantes sindicales, o su remoción, cuando la asamblea no hubiere cumplido con los requisitos previstos en el artículo 364; y, 5. La expulsión de un afiliado o la remoción de un directivo o representante sindical, en violación de lo dispuesto en el Artículo 360. No obstante la apreciación que haga la asamblea en cuanto a la existencia de la causal de expulsión, no es susceptible de impugnación. La impugnación se tramitará como proceso abreviado, y será promovida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, o por un número de afiliados no inferior al diez por ciento del total de miembros de la organización, excepto el caso de exclusión de un afiliado o remoción de un directivo o representante sindical, que sólo podrá promoverse por el interesado.