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TÍTULO III Atribuciones y Obligaciones de la Administración Tributaria › CAPÍTULO IV Determinación Administrativa y Requisitos del Acto Administrativo

Artículo 133

Liquidación provisional de tributos. Cuando los obligados a presentar declaraciones, informes, comunicaciones y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las normas tributarias, convirtiéndose en omisos de las obligaciones formales, la Administración Tributaria exigirá la presentación del documento respectivo, procediendo en forma sucesiva los actos siguientes:

1. Requerir al obligado para que presente el documento respectivo en un plazo de treinta días.

2. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de tributos, podrá exigirle al obligado a declarar: a. Una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las tres últimas declaraciones de que se trate, o b. La que resulte para dichos periodos de una determinación efectuada por la Administración Tributaria. - La Administración deberá considerar esta cantidad a pagar como un pago provisional que no libera a los obligados de presentar la declaración respectiva.

3. Si el obligado tributario presenta la declaración omitida antes de que se haga efectiva la cantidad resultante conforme a lo previsto en el literal a del numeral anterior, quedará liberado de hacer el pago determinado provisionalmente. Si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago provisional determinado por la Administración Tributaria, este se imputará contra el importe que tenga que pagar con la declaración que se presente, conforme a los criterios establecidos en el artículo 71.

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Determinación o liquidación administrativa. La determinación o liquidación administrativa hará exigible la obligación tributaria y servirá de título ejecutivo para el procedimiento de cobro coactivo, salvo que se interponga recurso de reconsideración o apelación y esté pendiente de quedar ejecutoriada, en los términos regulados en el Título VI de este Código.

Pago bajo protesta de la obligación determinada. El contribuyente podrá pagar bajo protesta el monto del tributo y sus intereses determinados, en el traslado de cargos u observaciones de que trate el acto administrativo preparatorio de propuesta de regularización tributaria. Dicho pago no se considerará como una rectificación de la declaración ni como una aceptación de los hechos imputados en el traslado. En el evento de que la impugnación del contribuyente sea declarada, total o parcialmente a lugar, a favor del contribuyente, ya sea en sede administrativa o jurisdiccional, la Administración Tributaria deberá reintegrar al contribuyente las sumas pagadas bajo protesta sin intereses.

Requisitos del acto administrativo resolutivo. El acto administrativo resolutivo deberá contener los requisitos siguientes: 1. El nombre o razón social del obligado tributario, incluyendo el número de identificación tributaria (Registro Unico de Contribuyentes). 2. Los fundamentos de hecho y de derecho, con expresión de motivos y apreciación y valoración de la prueba producida y métodos aplicados a la fiscalización. 3. En caso de tratarse de una determinación de tributos, el tributo, su tasa o alícuota, su base imponible, el periodo fiscal liquidado, el importe adeudado o a devolver y sus elementos determinantes más sus intereses y, en su caso, la sanción a aplicar. En los demás casos, expresará el objeto o propósito de la resolución. 4. El carácter parcial de la liquidación, de ser el caso, con indicación de los elementos de la obligación tributaria objeto de esta. 5. La fecha, el nombre, el cargo y la firma autógrafa o electrónica del funcionario competente. 6. Los recursos que procedan contra el acto administrativo resolutivo y los plazos para interponerlos.

Obligación de resolver por fiscalización. La Administración Tributaria está obligada a resolver todas las peticiones o solicitudes y cuestiones que se formulen dentro de los procedimientos de fiscalización en el plazo establecido en las normas respectivas o, en caso de que estas no lo establezcan, en un plazo no mayor de treinta días calendario, contado de la fecha de presentación de la petición o solicitud. En el caso de las peticiones, transcurrido dicho plazo, el interesado podrá entender desestimada su petición. El obligado tributario o contribuyente podrá interponer la correspondiente queja ante el defensor del contribuyente por vulneración de derechos causados por el retardo de la autoridad competente para resolver en un término de quince días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo para decidir o emitir la respectiva resolución.

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