Artículo 629

Gastos de la división o de la venta. Los gastos comunes de la división material o de la venta serán de cargo de los copropietarios en proporción a sus derechos. El comunero que hiciera los gastos que correspondan a otro tendrá derecho, si hubiera remate, a que se le reembolsen o a que su valor se adicione al precio de aquel si le fuera adjudicado el bien en la venta judicial o compra que hiciera. En el caso de división de cosa común, el copropietario podrá compensar tal valor con lo que deba pagar por concepto de mejoras, si fuera el caso.

Procedimiento de la división o venta de bien común. Cumplido el traslado y evacuadas las pruebas, el juez fallará la causa. Si decreta la división, el juez dictará sentencia en la que determinará cómo será partida la cosa, teniendo en cuenta los dictámenes periciales solicitados por las partes. Si la división se refiere a bienes sujetos a registro, en la sentencia se ordenará la inscripción de la partición. Registrada la partición material, cualquiera de los asignatarios podrá solicitar que el juez le entregue la parte que se le haya adjudicado. Cuando se decrete la división o partición material, el titular de mejoras reconocidas que no estén situadas en la parte adjudicada a él podrá ejercitar el derecho de retención en el acto de la entrega y conservar el inmueble hasta cuando le sea pagado su valor. Si se decreta la venta, en el mismo fallo se ordenará el remate por el valor que las partes, de común acuerdo, asignen a la cosa común o por el que asigne el juez oyendo, si fuera necesario, el concepto del perito que él nombre. El remate se llevará a cabo según las reglas sobre remate del proceso ejecutivo, pero las posturas deberán ser desde la base del remate. El comunero que se presente como postor deberá consignar el porcentaje exigido para habilitarse y pagar el precio del remate en la misma forma que los terceros, pero con deducción del valor de su cuota en proporción a aquel. Registrado el remate y entregada la cosa al rematante, el juez dictará resolución de distribución de su producto entre los condueños, en proporción a los derechos de cada uno en la comunidad o en la que aquellos, siendo capaces, señalen, y ordenará entregarles lo que les corresponda, teniendo en cuenta lo resuelto sobre mejoras. Ni la división ni la venta afectarán los derechos de los acreedores con garantía real sobre los bienes objeto de aquellas.

Nombramiento de administrador. Cuando no haya administrador y solo algunos de los comuneros exploten el bien común, cualquiera de los comuneros podrá pedir en el proceso que se haga el nombramiento respectivo. La solicitud podrá ser promovida con la demanda, incluso después de que se haya decretado la división o venta, y a esta deberá acompañarse prueba siquiera sumaria de la existencia de explotación por parte de uno de los copropietarios. En el auto de admisión de la demanda o en resolución posterior, el juez instará a las partes que nombren administrador. En caso de que la solicitud se haga después de admitida la demanda, se dará traslado al demandado por cinco días. Si no se designa un administrador de común acuerdo, el juez designará el administrador. El administrador designado deberá tomar posesión del cargo y representará a los comuneros en los actos de explotación del bien, percibirá las rentas estipuladas y recibirá los bienes al momento de finalizar dichos actos. El administrador tendrá las obligaciones del secuestre y podrá ser removido por las mismas causas que este. De existir diferencias entre el administrador y los comuneros sobre su desempeño, estas se tramitarán por vía de incidente previa audiencia notificando a todos los involucrados. Rendidas las cuentas del administrador y consignado el saldo que se hubiera deducido a su cargo, el juez lo distribuirá entre los comuneros, en proporción a sus derechos. Una vez culmine el proceso, cesará el administrador en el ejercicio de su cargo.

Procedencia. En los procesos sobre servidumbres se deberá citar a las personas que tengan derechos reales sobre el predio dominante y el predio sirviente de conformidad con la certificación del Registro Público que deberá acompañar a la demanda. Si el derecho del demandante no es de dominio pleno, se citará a quienes tengan derechos reales en el mismo fundo para que, si lo estiman conveniente, se hacen parte en el proceso. La demanda sobre constitución, variación o extinción de la servidumbre o sobre el modo de ejercerla y fijar el valor de la indemnización correspondiente contendrá especificación de lo que se demanda y su valor, con expresión del área que se desea establecer, rectificar, ratificar o liberar; sus dimensiones, linderos y demás detalles que tiendan a su debida identificación, acompañada de solicitud de inspección judicial.