Artículo 51

Para garantizar el resultado de los procesos y salvaguardar la paz y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces comunitarios podrán ordenar provisionalmente las medidas siguientes: 1. Orden de alejamiento. 2. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionadas con los conflictos vecinales. 3. Orden de desalojo en caso de violencia o peligro fundado para la víctima. 4. Boleta de protección. 5. Presentación periódica al Despacho de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz. 6. En los casos en que esté en peligro la vida, la integridad o la seguridad personal de las personas, los jueces comunitarios tendrán la facultad de dictar las medidas de protección establecidas por la ley, incluyendo aprehensiones preventivas que no podrán exceder de veinticuatro horas. Adoptada esta medida provisional, el juez comunitario deberá remitir el expediente a la autoridad competente dentro del mismo plazo de veinticuatro horas. 7. En los casos en que así se requiera, ordenar la aprehensión provisional de los bienes utilizados en la comisión de la infracción, los cuales quedarán bajo su custodia en el área que determine el juez comunitario para tal efecto. Dichos bienes serán gestionados conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de manejo de bienes aprehendidos. En el caso de las armas de fuego que se presuma estén vinculadas a actos delictivos, estas serán remitidas de manera inmediata al Ministerio Público. 8. Realizar inspecciones en el lugar de los hechos. 9. Medidas de seguridad para los casos de personas con padecimientos mentales e indigentes. El juez comunitario aplicará como medida de seguridad la remisión al centro de salud mental que correspondiera o establecimiento de readaptación o resocialización. Para esto, se requiere aceptación voluntaria del sancionado o de los familiares de este.

En adición a las medidas provisionales a que se refiere el artículo anterior, el juez comunitario podrá aplicar en favor de las víctimas las medidas de protección siguientes: 1. Ordenar al presunto agresor que desaloje la casa o habitación que comparte con la víctima, mientras lo decida la autoridad competente para conocer el caso. Esta medida se establecerá por un mínimo de un mes, el cual podrá prorrogarse por periodos iguales si lo solicita la parte ofendida o si persisten las mismas circunstancias. 2. Autorizar a la persona en riesgo inminente para que radique, junto con su familia, en un domicilio diferente al común, mientras lo decida la autoridad competente para conocer el caso, para protegerla respetando la confidencialidad del domicilio. 3. Ordenar el reintegro al domicilio común de la persona que haya tenido que salir de él, si así lo solicita, y, en consecuencia, aplicar de inmediato la medida establecida en el numeral 1 de este artículo. 4. Ordenar protección policial especial a las personas en riesgo inminente mientras se mantengan las circunstancias de peligro. 5. Ordenar la aprehensión del presunto agresor por veinticuatro horas, y estas horas serán cumplidas en la subestación policial más cercana, según las circunstancias de peligro o daño o las condiciones de la comisión del hecho. El juez comunitario deberá remitir a la autoridad competente el expediente del proceso dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del caso.

La sanción de multa consiste en la obligación de pagar al Tesoro Nacional una suma de dinero, cuya cuantía se determinará en función de la situación económica del infractor, sus ingresos, medios de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos debidamente sustentados. Cuando el infractor dependa del producto de su trabajo, la multa no podrá exceder el 50 % de su ingreso diario. Una vez comprobada la situación económica del sancionado, se podrá establecer un plazo máximo de treinta días para el pago de la sanción impuesta. La multa podrá ser conmutada por la sanción de trabajo comunitario, hasta por un término de un año. Párrafo Transitorio. El pago de las multas deberá efectuarse en la tesorería del municipio correspondiente. Una vez implementada la fase correspondiente, según la programación prevista en la presente Ley para cubrir los gastos de funcionamiento por parte del Ministerio de Gobierno, los pagos serán realizados al Tesoro Nacional.

En caso de reincidencia en la comisión de hechos sancionados por esta Ley, el juez comunitario podrá remitir al infractor a programas sociales, municipales o estatales de resocialización.