Artículo 50

Las decisiones de los jueces comunitarios no son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para garantizar el resultado de los procesos y salvaguardar la paz y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces comunitarios podrán ordenar provisionalmente las medidas siguientes: 1. Orden de alejamiento. 2. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionadas con los conflictos vecinales. 3. Orden de desalojo en caso de violencia o peligro fundado para la víctima. 4. Boleta de protección. 5. Presentación periódica al Despacho de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz. 6. En los casos en que esté en peligro la vida, la integridad o la seguridad personal de las personas, los jueces comunitarios tendrán la facultad de dictar las medidas de protección establecidas por la ley, incluyendo aprehensiones preventivas que no podrán exceder de veinticuatro horas. Adoptada esta medida provisional, el juez comunitario deberá remitir el expediente a la autoridad competente dentro del mismo plazo de veinticuatro horas. 7. En los casos en que así se requiera, ordenar la aprehensión provisional de los bienes utilizados en la comisión de la infracción, los cuales quedarán bajo su custodia en el área que determine el juez comunitario para tal efecto. Dichos bienes serán gestionados conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de manejo de bienes aprehendidos. En el caso de las armas de fuego que se presuma estén vinculadas a actos delictivos, estas serán remitidas de manera inmediata al Ministerio Público. 8. Realizar inspecciones en el lugar de los hechos. 9. Medidas de seguridad para los casos de personas con padecimientos mentales e indigentes. El juez comunitario aplicará como medida de seguridad la remisión al centro de salud mental que correspondiera o establecimiento de readaptación o resocialización. Para esto, se requiere aceptación voluntaria del sancionado o de los familiares de este.

Los jueces comunitarios podrán imponer las sanciones siguientes, de acuerdo con la gravedad del asunto: 1. Principales: a. Amonestación verbal, privada o pública. b. Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil balboas (B/.1 000.00) en los casos de su competencia y en los otros casos, conforme a lo establecido a las multas municipales. 2. Sustitutivas: a. Trabajo comunitario. b. Fianza de paz y buena conducta. c. Reparación del daño causado o indemnización. 3. Accesoria: a. Comiso de los objetos utilizados por el infractor, con excepción de armas de fuego. Todos los procesos en materia de justicia comunitaria de paz tendrán como objetivo la restauración de las relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo siempre los derechos de las víctimas. El juez comunitario podrá proponer o motivar la realización de actividades que involucren a los familiares o vecinos del infractor o a la comunidad en general, con el fin de restaurar dichas relaciones y fomentar la integración social.

La sanción de multa consiste en la obligación de pagar al Tesoro Nacional una suma de dinero, cuya cuantía se determinará en función de la situación económica del infractor, sus ingresos, medios de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos debidamente sustentados. Cuando el infractor dependa del producto de su trabajo, la multa no podrá exceder el 50 % de su ingreso diario. Una vez comprobada la situación económica del sancionado, se podrá establecer un plazo máximo de treinta días para el pago de la sanción impuesta. La multa podrá ser conmutada por la sanción de trabajo comunitario, hasta por un término de un año. Párrafo Transitorio. El pago de las multas deberá efectuarse en la tesorería del municipio correspondiente. Una vez implementada la fase correspondiente, según la programación prevista en la presente Ley para cubrir los gastos de funcionamiento por parte del Ministerio de Gobierno, los pagos serán realizados al Tesoro Nacional.