Artículo 351

La Fiscalía Auxiliar de la República tendrá competencia en todo el territorio nacional.

Son atribuciones especiales del Fiscal Auxiliar de la República: 1. Iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones sumariales relativas a los delitos que lleguen a conocimiento de ese despacho. Para este efecto practicará las diligencias iniciales, tales como: indagar a los sindicados, obtener el certificado de antecedentes penales y policivos, ordenar los reconocimientos médicos legales y cualesquiera otras diligencias de carácter urgente, para reunir todas las pruebas que a juicio pudieran perderse o diluirse. El Fiscal Auxiliar podrá servirse del personal subalterno del Departamento Nacional de Investigaciones para cumplir su cometido. Para ello el Jefe del Departamento, a requerimiento del Fiscal, dará las ordenes del caso; 2. Reemplazar al Procurador General de la Nación y al Procurador de la Administración en los casos de impedimentos o de recusación de éstos, cuando se agoten los suplentes que deban reemplazarlos; y 3. Cualesquiera otras atribuciones establecidas en la Ley.

El Fiscal Delegado I de la Procuraduría General de la Nación ejercerá sus funciones en cualquier lugar del territorio de la República.

Son atribuciones especiales del Fiscal Delegado II de la Procuraduría General de la Nación: 1. Practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los delitos contra la Administración Pública que él investigue o cuando por cualquier circunstancia se consideren afectados bienes del Estado, de los Municipios, Juntas Comunales, Instituciones Autónomas o Semiautónomas y, en general, de cualquier entidad pública; 2. Indagar a los sindicados, ordenar la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho punible y descubrir a los autores, cómplices o encubridores y en general, completar el sumario respectivo; 3. Poner fuera del comercio bienes del Estado, de los Municipios, Juntas Comunales, Instituciones Autónoma y Semiautónomas y, en general, de cualquier entidad pública, a fin de recuperarlos y hacerlos ingresar a la posesión o el patrimonio al cual correspondan; 4. Poner fuera del comercio bienes de particulares provenientes del hecho punible que se investiga; y, 5. Exigir y ejercer la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la administración pública que establece la Ley penal vigente.