Artículo 173

El Juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar al presunto infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución. Esta información deberá ser puesta a disposición del titular del derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la información que el Juez considere como datos íntimos o sensibles y que no sean relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio no podrán ser divulgados. En el evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del Juez, este podrá sancionar al supuesto infractor por desacato, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Judicial. En los casos que den lugar a la sanción por desacato, corresponde al Secretario del Juzgado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la sanción.

En forma conjunta o separada con la acción de cese inmediato de la actividad ilícita y sin perjuicio de la acción penal que corresponda, el titular del derecho o la entidad de gestión correspondiente podrán igualmente exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación.

Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, se podrán utilizar, a elección del demandante, uno o varios de los siguientes criterios: 1. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización. 2. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción. 3. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado del acto ilícito. 4. El precio que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera otorgado una cesión o una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las cesiones o licencias que ya se hubieran concedido. 5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho. En ningún caso la indemnización, conforme a las reglas de cálculo señaladas, será inferior al doble de la multa que procediera aplicar como sanción penal para la infracción respectiva, en relación con cada violación. El daño emergente se calculará conforme al derecho común.

En caso de infracción o cuando se tenga el temor fundado de que se inicie o repita una violación, el Juez podrá decretar, con carácter previo y a solicitud del titular del derecho o de la respectiva entidad de gestión, las medidas cautelares generales previstas en el Código Judicial y las especiales previstas en esta Ley que según las circunstancias sean necesarias para la protección urgente del respectivo derecho, particularmente para evitar la comisión del ilícito o conservar las pruebas pertinentes, entre ellas las siguientes: 1. Las indicadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 168 de esta Ley. 2. El secuestro de los ejemplares ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción. 3. La suspensión de la importación o exportación de los objetos materiales que constituyan infracción y de los medios destinados para realizarla. 4. El secuestro de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada. 5. El secuestro de todo equipo destinado a burlar cualquier sistema técnico de autotutela implementado para prevenir o impedir la comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas de una obra, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica, emisión de radiodifusión protegida por la presente Ley. 6. El secuestro de todo equipo o sistema dirigido a alterar, modificar o suprimir cualquier información instalada para la gestión de cualquiera de los derechos reconocidos en esta Ley. 7. La suspensión de la reproducción, comunicación al público o distribución no autorizadas, según proceda. 8. Cualquier otra medida cautelar que, según las circunstancias, pueda resultar idónea para asegurar provisionalmente la cesación del ilícito, la protección de los derechos reconocidos en esta Ley o la preservación de las pruebas relacionadas con la violación.