Artículo 689

Tramitación. Los procesos de jurisdicción voluntaria estarán sujetos a las siguientes reglas: 1. La solicitud se formulará, en cuanto sean aplicables, con arreglo a las disposiciones sobre demanda previstas en este Código. Las pruebas se podrán acompañar o aducir con la petición o se podrán presentar con posterioridad, siempre que no se haya dictado sentencia. También, se podrán presentar pruebas sin restricción en la segunda instancia. 2. Toda persona cuyos derechos sean afectados por el resultado del proceso podrá apersonarse en este, en cualquier etapa. La negativa a reconocerla como tal es susceptible de recurso. El juez que advierta que una persona puede ser afectada, la citará a efecto de que, si así lo desea, se apersone. 3. Se señalará un término probatorio que no excederá de tres meses. Si las circunstancias lo justifican, se podrá prorrogar por dos meses más. 4. En casos de que se afecten el estado civil o bienes de las personas sin capacidad procesal, personas con discapacidad o de ausentes, se notificará al Ministerio Público la petición y este podrá aducir pruebas y recurrir. Antes de fallar, el juez oirá su concepto, para lo cual se establece un término de diez días, contado a partir de la fecha de entrega del expediente al agente del Ministerio Público. La respectiva resolución será un proveído de mero obedecimiento. Si el agente del Ministerio Público no emite concepto antes de vencer el término, el juez le exigirá la devolución inmediata del expediente. Las decisiones adoptadas en este aspecto serán objeto de consulta. 5. El desistimiento no impide que se pueda promover nuevo proceso. 6. Si durante el curso del proceso o en el momento de notificar la decisión, la persona que tenga derecho a oponerse lo hace, el juez declarará contencioso el asunto y se transformará en proceso sumario y la oposición se presentará en forma de demanda, que se tramitará a continuación de lo actuado. 7. Tanto el Ministerio Público como los terceros con interés legítimo pueden pedir que la decisión dictada sin su participación y en infracción de la ley sea revocada a través de la demanda de revisión, caso en el cual no regirán los plazos de interposición establecidos en el artículo 606 para dicho recurso. 8. Salvo lo dispuesto para casos especiales, las sentencias que decidan estos procesos no hacen tránsito a cosa juzgada, ni aun cuando, por haber sido objeto de recurso o de consulta, hayan sido confirmadas por el tribunal superior respectivo. Quedan a salvo los derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe en virtud de la situación jurídica derivada de la sentencia que se revoque o modifique. 9. El juez tiene amplias facultades de dirección del proceso y no está obligado por los hechos alegados por las partes. Debe tomar en cuenta todas las circunstancias esenciales de hecho para la decisión y debe asimismo practicar cualquier diligencia que estime conveniente o aconsejable. Cuando por razón de su cargo, tenga conocimiento de hechos de interés para el proceso, podrá ordenar la práctica de las pruebas que estime convenientes. 10. Son apelables la resolución que rechaza la petición, demanda o la contestación o entrañe su rechazo, la que niegue la audiencia para la práctica de pruebas y la que le ponga fin al proceso o imposibilite su continuación. 11. Si la solicitud afecta bienes o intereses de una persona menor de edad, el juez requerirá concepto, antes de decidir, de la jurisdicción de familia, niñez y adolescencia. Este concepto constituirá un elemento de convicción. 12. En caso de que se enajenen bienes de una persona sin capacidad procesal, personas con discapacidad o de una persona menor de edad, se seguirán los trámites de remate en procesos ejecutivos, pero en este caso no se admitirá postura que no cubra el avalúo. Lo dispuesto en este Título sobre procesos no contenciosos es sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales.

Procedencia. El deudor o el tercero que quiera verificar un pago por consignación explicará claramente en su solicitud la obligación y pondrá a disposición del juez competente la suma o cosa debida, para que sea entregada al acreedor. Cuando sean varios los acreedores o personas que pretendan tener derecho a cobrar, el deudor, al hacer la consignación, indicará el nombre y dirección de cada uno de los pretendidos acreedores y explicará hasta donde pueda las pretensiones de cada uno. Si los acreedores están de acuerdo en cuanto a la cosa adeudada y al interés de cada uno en ella, el juez admitirá la consignación, declarará extinguida la obligación y pondrá a la orden de cada acreedor lo que le corresponda. Si los acreedores están de acuerdo en cuanto a la cosa adeudada, pero no respecto al interés de cada uno de ellos, el juez aceptará la consignación y declarará extinguida la deuda. Si no hay necesidad de aducir pruebas, se fallará; si hay hechos que justificar, se abrirá la causa a prueba y en los demás se seguirán los trámites del proceso sumario para determinar las oposiciones o controversias de los derechos de los acreedores entre sí respecto a la cosa adeudada, quienes deberán tramitarlo por dicha vía.

Procedencia. La persona que edifique o haya edificado sobre terreno ajeno con el consentimiento del propietario del suelo podrá solicitar título constitutivo de dominio y la indemnización correspondiente. También podrá solicitar título constitutivo de dominio y la indemnización la persona que edifique o haya edificado en terreno ajeno sin oposición del dueño del suelo.

Tramitación. El proceso de edificación o construcción en terreno ajeno estará sujeto a lo siguiente: 1. La petición será presentada ante el juez donde se encuentra ubicado el terreno acompañada de las pruebas pertinentes como la licencia o permiso del terreno, testimonios, certificación del Registro Público y demás elementos que acrediten la anuencia o consentimiento del propietario del terreno y los gastos emprendidos en la edificación o construcción. 2. En aquellos supuestos en que se trate de terrenos pertenecientes al Estado o a un municipio bastará la licencia o permiso del terreno. En ambos casos, se deberá notificar previamente al Ministerio Público. 3. Si se trata de construcciones de diez años antes a la presentación de la petición, se presumirá la existencia del permiso del propietario del terreno, mientras no se acredite lo contrario. 4. De la petición se pondrá en conocimiento al público por medio de un edicto que se fijará en la secretaría del tribunal y en el cual se expresará el nombre del peticionante, la situación del terreno o inmueble, sus linderos y dimensiones. Se citará a los que se crean con algún derecho a la edificación o construcción, así como aquellos que puedan verse perjudicados por esta, para que se presenten a hacer valer sus derechos. El edicto permanecerá fijado en el tribunal durante un mes y copia de este se publicará tres veces consecutivas en medios electrónicos, redes sociales y páginas web institucionales, tomando en cuenta la protección de datos de acuerdo con la ley. 5. Una vez vencido el término del edicto emplazatorio, el tribunal, previa revisión de la petición y de las pruebas aportadas, declarará que al peticionante le asiste el derecho y ordenará la inscripción. Lo mismo hará si no se hubiera hecho oposición a la solicitud de inscripción o si hecha tal oposición, tramitada por la vía del proceso sumario, esta resulta improcedente o infundada. 6. El juez fijará el valor de la propiedad, oyendo el concepto de dos peritos, uno que nombrará el solicitante en su demanda y otro que nombrará el juez en la resolución que la acoja. En aquellos procesos de edificaciones en que se vean involucrados terrenos del Estado o el municipio será necesario contar con los avalúos de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas. 7. Si el peticionante es el propietario de un edificio o construcción edificado en terreno ajeno, cuya titularidad se encuentra inscrita en el Registro Público, podrá hacerse por medio de escritura pública la declaración de las mejoras, que le haga a su propiedad, siempre que estas no alteren las medidas que correspondan a la extensión superficiaria que tenga derecho a ocupar, de acuerdo con el título inscrito. 8. Si la petición trata sobre un edificio construido en terreno ajeno demolido o destruido por cualquier causa, el peticionante deberá como propietario del edificio solicitar la cancelación del título anterior y la expedición de uno nuevo con base en lo señalado en los numerales 1 al 6. 9. Tratándose de un edificio reedificado o modificado sustancialmente en su estructura, y las características con que aparezca inscrito, el propietario deberá solicitar la enmienda de su título, para lo cual aportará copia del título cuya enmienda solicita que se determine con claridad y precisión respecto de cuáles son las reformas introducidas al título, y que acompañe la prueba de que estas han sido hechas a sus expensas y dentro de la extensión superficiaria del terreno que tiene derecho a ocupar. En caso contrario, deberá solicitar la expedición de un nuevo título.