Artículo 86

Comparecencia al proceso. Las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales. Son personas sin capacidad procesal las que no puedan disponer de sus derechos conforme a la ley sustancial ni puedan comparecer al proceso por sí mismas.

Funciones. El Ministerio Público, como sujeto procesal especial con amplias facultades, tiene las siguientes funciones: 1. Promover y sostener los procesos necesarios para la defensa de los bienes e intereses del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba del Órgano Ejecutivo, y representar al Estado en las demandas que contra él se sigan ante los tribunales y juzgados. 2. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos de sucesión en que se vean involucrados herederos menores de edad o personas sin capacidad procesal, en la forma establecida por la ley. 3. Defender los intereses de los municipios y de las demás entidades públicas estatales cuando la nación tenga interés en el asunto y la respectiva entidad carezca de representantes ante dicha corporación. 4. Además de las anteriores funciones, el Ministerio Público ejercerá en la jurisdicción ordinaria, de manera obligatoria, las siguientes: a. Intervenir en los procesos en que sea parte la nación o una entidad territorial. b. Rendir concepto, que no será obligatorio, en los casos de allanamiento a la demanda, desistimiento o transacción por parte de la nación o una entidad estatal. 5. Ejercer las funciones de defensor de personas sin capacidad procesal y de las ausentes en los casos que determine la ley. 6. Ejercer las funciones propias en materia de casación y de revisión previstas en la ley. 7. Emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas y solicitar en casos específicos la práctica de medidas cautelares. 8. Rendir informes sobre la marcha de la administración de justicia de las respectivas circunscripciones judiciales en las que intervenga y recomendar las reformas que se requieran. 9. En los procesos civiles o comerciales en que sea parte la nación, los municipios o cualquier otra entidad estatal el respectivo agente del Ministerio Público podrá interponer recurso de apelación contra la resolución final. 10. Realizar las demás funciones que le confiera la ley.

Derecho a ser parte. Para poder actuar válidamente en el proceso civil las personas deberán gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimadas y ser asistidas por un profesional del derecho que represente y defienda sus derechos sustanciales y garantías procesales. El juez o magistrado deberá tomar los correctivos que sean necesarios para que sea subsanada prontamente cualquier deficiencia o anomalía sea por falta de capacidad para ser parte o capacidad procesal que pueda presentarse o concurrir en alguna de las partes para actuar válida y efectivamente dentro del proceso.

Capacidad procesal. La capacidad para ser parte es la aptitud para ser titular de la relación procesal, de derechos, deberes y cargas procesales. La capacidad procesal se refiere a quienes pueden comparecer al proceso porque están en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Tienen capacidad procesal y pueden comparecer por sí al proceso las personas que tengan libre ejercicio de los derechos que en este se hacen valer. Dentro del proceso civil, tienen capacidad procesal para ser parte: 1. Las personas naturales. 2. Las personas jurídicas. 3. El Estado, los municipios y las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas. 4. Las entidades sin personería jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte. 5. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados sin titular con facultad de disposición y administración. 6. Las asociaciones de usuarios, consumidores o afectados debidamente organizados en las acciones colectivas o, en su defecto, sus integrantes siempre que puedan ser determinados o determinables. 7. El Ministerio Público en los procesos en que deba intervenir por disposición expresa de la ley. 8. Los demás entes a los cuales la ley atribuya capacidad procesal.