Artículo 163

Designación del reemplazo. Quien comparezca a un proceso como apoderado no se le considerará separado de este hasta cuando haya constancia en el expediente de la persona que lo reemplace.

Exención del pago de tributos. Toda demanda, petición o gestión que se proponga ante la jurisdicción civil, así como toda actuación judicial, se hará libre de impuesto, tasas o contribución nacional o municipal y del pago de cualquier clase de derechos. La correspondencia oficial, los expedientes, exhortos, comunicaciones y demás actuaciones judiciales cursarán libre de franquicia postal por los correos nacionales y demás agencias de transporte de valijas y distribución de documentos que contrate el Órgano Judicial para la prestación del servicio.

Sustitución del poder. El apoderado puede sustituir el poder, aunque en este no se le haya otorgado facultad especial para ello. Los curadores ad litem y los defensores nombrados de oficio no tendrán derecho de sustituir. Cuando se haya designado apoderado común por los interesados, por tener pretensiones comunes, este podrá sustituir el poder, salvo que en el caso de poder conferido por los interesados estos le nieguen expresamente esa facultad. Para sustituir el poder no es necesario que el apoderado lo haya aceptado o ejercido. La sustitución no requiere presentación personal. Quien sustituye un poder podrá resumirlo en cualquier momento, con lo cual no quedará revocada la sustitución, salvo que se haga manifestación expresa en contrario. Los apoderados y los sustitutos pueden revocar las sustituciones que hagan y las que emanen de estas, y volver a ejercer o sustituir el poder, aunque no se hayan reservado expresamente esas facultades. La persona sin capacidad para ser apoderada judicial de conformidad con la ley, a quien se ha otorgado un poder, puede sustituirlo, siempre que no sea absolutamente carente de capacidad procesal.

Activación de la jurisdicción civil. La jurisdicción civil se activa mediante el ejercicio de la acción con la presentación de la demanda, la solicitud de medida cautelar o la petición de actuación judicial en la causa de que se trate, entablada por la persona interesada ante el tribunal competente en la forma prevista en este Código, excepto en los casos que expresamente la ley autorice.