Artículo 1

Principios y reglas comunes. El proceso civil se regirá por los principios y reglas comunes

siguientes:

1. Constitucionalización del proceso. Las disposiciones del procedimiento civil se fundamentan

en los principios, garantías y valores constitucionales, que sirven de guía en la configuración

del precepto procesal y orientan el diseño de las estructuras procesales contempladas en este

Código; de manera que, en su aplicación e interpretación, así como en la sustanciación de toda

actuación judicial, ha de tenerse en cuenta que su finalidad es asegurar la eficacia de tales

principios, garantías y valores constitucionales.

2. Control de la convencionalidad. El juez o magistrado, al proferir sus decisiones dentro del

proceso civil, promoverá, respetará, protegerá y garantizará, de oficio, los derechos humanos,

y tiene la obligación de aplicarlos e interpretarlos conforme a los principios consagrados en

la Constitución Política de la República de Panamá y en los tratados y convenios

internacionales sobre la materia ratificados por el Estado panameño.

3. Tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho a acudir a la jurisdicción civil para el

ejercicio o reconocimiento de sus derechos sustanciales o para la defensa de sus intereses o

de las relaciones jurídicas que le conciernan; así como también a obtener del tribunal

competente una respuesta motivada a su petición, emitida conforme a los trámites previstos

en este Código, dentro de un plazo razonable, y a la efectiva ejecución del derecho reconocido

en la resolución.

4. Instrumentalidad. El objeto del proceso civil es el reconocimiento de los derechos de las

partes consignadas en la ley sustancial. La omisión de trámites y formas no esenciales, no

valdrá de pretexto para desconocer los derechos sustanciales en la sentencia que decida el

fondo de la controversia.

5. Gratuidad del proceso. El acceso a la justicia es gratuito, en el sentido de que las gestiones

ante los tribunales civiles no causarán gravámenes a las partes, salvo los casos expresamente

previstos en este Código.

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6. Independencia de jueces y magistrados. Los jueces y magistrados de la jurisdicción civil son

independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y no están sometidos más que

a la Constitución Política y a la ley.

7. Dirección judicial e impulso procesal. Ejercida la acción, el juez ejercerá la dirección del

proceso, por lo que el tribunal debe tomar de oficio las medidas necesarias para evitar su

paralización y surtir su sustanciación con la mayor celeridad posible. Sin perjuicio de la

actuación de los interesados, el juez o magistrado impulsará el proceso, y será responsable de

cualquier demora o negligencia. Todo acto facultativo u oficioso del tribunal puede ser

instado por cualquiera de las partes, sin que esto sea indispensable para que el tribunal impulse

el proceso.

8. Sustanciación. El juez dará a los actos de la parte el trámite que corresponda, aun cuando el

seleccionado por estas sea incorrecto, y emitirá la decisión vinculada a la pretensión, en

atención a los hechos invocados y a la prueba, si la intención de la parte o del peticionante es

clara.

El juez debe, igualmente, resolver el asunto litigioso o petición conforme a la

normativa legal aplicable, aun cuando el derecho invocado por las partes o el peticionario no

sea el correcto, sin que ello implique alterar la pretensión o solicitud ni fundamentar la

decisión en hechos o situaciones que no han sido aducidos o proporcionados por las partes o

el peticionante.

9. Legalidad procesal. Las actuaciones del tribunal se rigen por las normas constitucionales,

convencionales y legales. En el momento de proferir sus decisiones, los jueces tendrán en

cuenta, además, la jurisprudencia y la doctrina. Los procesos se sustanciarán en la forma

prevista en este Código.

Todo medio probatorio obtenido, directa o indirectamente, en infracción a los

derechos fundamentales de las partes no será tenido en cuenta.

10. Dispositivo. El proceso civil solo puede iniciarse a petición de parte, titular del derecho

subjetivo o interés legítimo que se discute en el proceso, quien conserva la disponibilidad de

la pretensión, salvo en los supuestos previstos en la ley, pudiendo terminarlo de manera

unilateral o bilateral.

11. Oralidad. Las actuaciones centrales del proceso se tramitarán preferentemente de manera oral,

a través de audiencias públicas, pero los actos inherentes a la fase preparatoria del proceso y

la fase de impugnación se surtirán de manera escrita, ya sea en soporte físico o tecnológico.

Se excluyen los procesos que por su naturaleza deban desarrollarse a través de la forma escrita.

Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia o a través de otros medios

tecnológicos, cuando así lo convengan las partes o cuando la comparecencia presencial no sea

posible o viable.

12. Concentración. El proceso se desarrollará dentro de la menor cantidad de actos procesales.

Siempre que sea acorde con la naturaleza de la pretensión o solicitud, el tribunal, de oficio o

a petición de parte, deberá concentrar, en la medida de lo posible, en un mismo acto, todas

las diligencias, abreviar los plazos que sean permitidos y programar las audiencias de manera

que estas puedan surtirse dentro de los términos previstos en la ley.

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13. Inmediación. El juez o magistrado presidirá las audiencias y la práctica de las pruebas que se

originen dentro del proceso. La ausencia del juez o magistrado generará la nulidad

insubsanable de la actuación. Las sentencias deberán dictarse por el juez o magistrado ante

quien se practicaron las pruebas. Se exceptúan los casos de las pruebas y diligencias

probatorias que se practiquen fuera del proceso, las que deban practicarse fuera de la

respectiva circunscripción territorial y las que deban ser apreciadas por otro juez o magistrado

en razón de la pérdida de competencia del que intervino en la práctica.

El uso de medios y plataformas tecnológicas en el proceso, que garanticen la

interacción e inmediación del tribunal y las partes, es compatible con dicho principio en la

medida en que no se vulneren las garantías y derechos de los participantes en la celebración

de la audiencia celebrada a través de tales medios.

14. Contradicción. Las partes tienen derecho a contar con la oportunidad procesal para exponer

sus hechos, argumentaciones y de contradecir a la parte contraria, intervenir en las

actuaciones y de aportar los medios probatorios que respalden su pretensión o defensa.

15. Igualdad. Las partes tendrán las mismas oportunidades procesales, derechos, obligaciones,

cargas y oportunidades acordes con la calidad que ocupen en el proceso civil. Para asegurar

la igualdad procesal, el tribunal comunicará a las partes toda actuación o gestión de manera

que no se cause indefensión.

El tribunal adoptará las medidas necesarias para conservar la igualdad procesal y

evitar toda situación o acto de discriminación contra o entre las partes por razones de índole

de sexo, religión, origen, nacionalidad, física, social, política, económica o cualquier otra

acogida por el Órgano Judicial para garantizar el acceso a la justicia de las personas en

condición de vulnerabilidad.

16. Aportación de parte. Corresponde a las partes alegar los hechos y pruebas sobre las cuales se

fundamenta el supuesto de hecho de las normas que aducen les son favorables. Los hechos en

que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los

momentos fijados por este Código.

La parte que se encuentre en situación favorable por la posesión o proximidad a un

medio de prueba deberá facilitar su práctica.

Habrá libertad probatoria. En el proceso podrá emplearse cualquier medio de prueba

permitido, sin otra limitación que las establecidas en la ley.

17. Valoración probatoria. El juzgador ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en

la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento humano y

razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del

resultado probatorio obtenido.

El juzgador ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la

apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que

lo obligue, quedando prohibida la arbitrariedad o la falta de motivación en la resolución de

fondo.

18. Comunidad de la prueba. La prueba es común a las partes, por lo que la actividad probatoria

producirá efectos entre ellas. El juez apreciará la prueba tanto en lo favorable como en lo

desfavorable a las partes, indistintamente de quien la hubiera propuesto.

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19. Motivación jurídica. Los jueces y magistrados deberán motivar jurídicamente, de forma

congruente, clara y precisa, las resoluciones judiciales, excepto las que se ejecuten

instantáneamente y las que se limiten a disponer sobre el trámite de la actuación o por

aplicación de normas de impulso procesal. La simple mención de las pruebas, la petición de

las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica.

20. Congruencia. La resolución que ponga fin al proceso civil debe recaer sobre la cosa, cantidad

o hecho disputado, declaración solicitada o punto controvertido. Si se ha pedido menos que

lo probado, solo se concederá lo pedido. Si el demandante pidiera más, el juez solo reconocerá

el derecho a lo que probara.

21. Doble instancia. Todos los procesos civiles admiten dos instancias o grados, a menos que la

ley establezca una sola instancia. No habrá más de dos instancias en un proceso.

22. Economía procesal. El tribunal deberá dirigir el proceso de forma que conduzca a la

reducción de tiempo, costo y esfuerzo en la realización de los actos procesales, sin afectar el

carácter imperativo de las actuaciones procesales que tengan tal calidad. La economía

procesal no puede suponer la afectación de los derechos y garantías reconocidos a las partes

por la Constitución y las leyes.

23. Lealtad y buena fe procesal. Las partes, sus apoderados, quienes los representen

procesalmente, terceros y demás intervinientes en el proceso deberán actuar y ajustar su

conducta a la lealtad, buena fe procesal, la probidad y veracidad de los hechos alegados. La

colaboración al proceso integra el deber imperativo de los sujetos procesales de mantener una

conducta procesal conforme a la ética profesional.

24. Publicidad y transparencia. La tramitación del proceso en general, así como de los actos

procesales y prácticas de las pruebas, se efectuarán oralmente en audiencias públicas, sin

perjuicio de los casos en que, a criterio de juzgador o a petición de parte, sea necesario por

razones de orden público o para proteger la familia, la imagen o la intimidad de cualquiera de

las partes o de terceros.

El juez, de oficio o a petición de parte, decretará la reserva de la información cuando,

por circunstancias especiales, la divulgación pueda perjudicar los fines de la justicia, los

intereses privados de las partes o los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

25. Resolución del conflicto. El tribunal, desde el inicio del proceso, promoverá que las partes

lleguen a un acuerdo, por los medios excepcionales previstos en este Código.